Julio Candela
El juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona
jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en
el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva ante las sospechas de
que pudo defraudar 9,1 millones de euros y no tributado por un importe
total 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013.
El magistrado cree que existen "indicios suficientes para la
investigación acerca de la posible comisión del delito contra la
Hacienda Pública por parte de la entidad FC Barcelona" y ofrece
personarse a la Abogacía del Estado, además de solicitar diversa
documentación a la Agencia Tributaria y a las sociedades del padre del
jugador.
En un auto, hecho público este jueves, el magistrado acoge la
petición del fiscal de solicitar a la Agencia Tributaria las
declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y
2013 del club barcelonista relacionadas con este fichaje y que
certifique si éste último se consideraba a efectos fiscales como "no
residente en 2013 con la obligación de tributar en España o, en su caso,
debía hacerlo en Brasil".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide además
que la AEAT informe sobre la incidencia fiscal de esas transacciones
económicas, que calcule la cuota supuestamente defraudada y, en su caso,
haga una propuesta de regularizacion fiscal.
Ruz solicita al padre del futbolista, Neymar Da Silva Santos, los
Estatutos de las cuatro sociedades en las que aparece como representante
legal para saber su objeto social y las declaraciones tributarias en
los ejercicios de 2011 y siguientes.
Según el auto, las cantidades económicas abonadas por el FC Barcelona
que excedieron el pago al club cedente, el Santos, por la adquisición
de los derechos federativos del jugador, "se abonaron además a otras
sociedades aparentemente vinculadas al jugador" y "podrían responder a
una mayor retribución teniendo en tal caso la consideración de
rendimientos el trabajo y debiendo tributar por este concepto".
Teniendo en cuenta la fecha y dado que el contrato no entró en vigor
hasta el 29 de julio de 2013, el juez concluye que Neymar tenía la
condición fiscal de no residente ya que había permanecido en España un
periodo inferior a los 183 días durante ese año, por lo que "la
obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que
debía practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las
retribuciones abonadas", en concreto, el 24,75 por ciento de los
rendimientos derivados del trabajo.
No obstante, el juez precisa que el Barça sólo realizó esa retención
por el impuesto de la renta de los no residentes sobre los 8,5 millones
que se abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013 y no
incluyó otras cantidades abonadas a empresas de su padre que habrían
alcanzado los 10 millones en 2011 y los 27,9 millones en 2013.
En un segundo auto, el juez Ruz admite parcialmente la nueva querella
presentada por Manos Limpias contra el ex presidente del club azulgrana
Sandro Rosell, el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, el
vicepresidente económico del club, Javier Faus, y el padre del jugador,
Neymar da Silvia Santos.
El magistrado impone como condición previa a los querellantes que
depositen una fianza por importe de 45.000 euros para admitir su
demanda. Rosell dimitió el pasado 23 de enero y dejó el club en manos de
Bartomeu, tras la admisión a trámite por parte del juez de la primera
querella presentada por el llamado 'caso Neymar' por parte del socio del
Barça Jordi Cases. Las firmas de los querellados aparecían en una
decena de contratos suscritos con las sociedades del padre del jugador.
La Fiscalía sostiene que las transacciones económicas se basaron en
"contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" alrededor
de la "órbita" del delantero, que no respondían a la realidad y con las
que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.
