El
Barcelona sigue inmerso en sus oceánicas causas judiciales, y a las condenas de
Mascherano, Adriano y Messi, se le suma ahora la petición de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional contra Neymar y el propio club
Antonio Blanca
La
Fiscalía solicitó ayer miércoles 23 de noviembre de 2016 2 años de cárcel y 10
millones de euros de multa para el jugador Neymar da Silva Junior y 5 años para
el expresidente del Barça Sandro Rosell por delitos de corrupción y estafa en
el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS, que tenía un 40 % de sus
derechos federativos.
En
su escrito de acusación, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, que ha
pedido el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, por falta de indicios contra él, reclama asimismo 8,4 millones de
euros de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos brasileño, de dónde
provenía el jugador cuando fue fichado por el equipo blaugrana.
También
exige dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos
por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y
pide asimismo una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar
N&N, además de reclamar a cada uno la misma multa de 10 millones de euros
que el fiscal ha pedido para el jugador.
En
esta causa, conocida como el caso “Neymar 2”, se investigan delitos de estafa y
corrupción entre particulares a raíz de una querella del fondo DIS, que tenía
un 40 % de los derechos federativos del jugador y que se consideró engañado por
lo que le pagó el Barça.
Por
ello, el fiscal reclama a los acusados Rosell y Odilio Rodrigues,
exvicepresidente del Santos; así como al Santos y al Barça, como personas
jurídicas, que indemnicen de forma conjunta a DIS con 3,2 millones de euros en
concepto de responsabilidad civil.
Según
el fiscal, "con la intención de
ocultar el coste real del jugador", que después se supo había
ascendido a 83 millones de euros, Rosell, "actuando siempre en representación del FC Barcelona", se
concertó con Rodrigues y con el padre de Neymar "e idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas
partidas para lo que formalizaron una serie de contratos".
El
fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos diferenciados y, así, en 2011
el Barcelona se comprometió a pagar al delantero 40 millones para que jugara en
el equipo catalán a partir de 2014 y le dio un adelanto de 10 millones, "impidiendo que otros clubes participaran
libremente en el mercado para la adquisición de los derechos federativos".
Este
acuerdo se materializó en dos contratos en los que participó el Barcelona, bajo
la representación de Rosell y Bartomeu, que entonces era vicepresidente del
club; así como el jugador, su padre y la empresa N&N, de titularidad al 50
% de los padres de Neymar.
Los
contratos fueron suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011. A
través del primero, el Barcelona se comprometió, además de a pagar por el
traspaso 40 millones, a abonar a Neymar un sueldo de 36,1 millones en 5 años,
todo ello para 2014, año en el que el jugador dejaría de estar vinculado al
Santos y DIS ya no tendría los derechos.
Sin
embargo, para lograr adelantar a 2013 el fichaje, Rosell "decidió abonar unas cantidades superiores"
a Neymar que, a través "de su padre y agente", reclamó una prima
mayor para incorporarse al Barça y también para el Santos, con el que "se
concertó para que recibiera directamente parte del precio derivado de la
transferencia de los derechos federativos, evitando de esta manera abonar a DIS
el 40 %".
Cuando
en 2013 se dio a conocer el fichaje, "el
FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un
año antes de lo previsto le costaría al club" los 40 millones
inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la
adquisición de los derechos federativos al Santos, indica Perals.
DIS
percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo "la cantidad real del traspaso de los derechos federativos"
ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser
indemnizado con 3,2 millones.
En
cuanto a Bartomeu, Perals indica que su mera condición como vicepresidente del
club cuando se produjeron los hechos "motivó
que firmara algunos contratos", pero no se ha podido acreditar
"su participación activa en la negociación".
El
juez José de la Mata, instructor de esta causa, decidió archivarla porque
consideró que las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del
jugador-, si bien pueden tener "repercusiones
deportivas, éticas y disciplinarias", no encajan en un procedimiento
penal.
La Fiscalía recurrió
esta decisión y finalmente la Audiencia Nacional ordenó a De la Mata que
procesara a los investigados tal y como le había pedido Perals al apreciar
indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa.
