Julio Candela
Ángel María Villar se resiste a salir de la Real Federación
Española de Fútbol por la puerta de atrás después de 29 años como máximo
responsable. El CSD lo suspendió por un año cuando se destapó el caso Soule y
el juez Pedraz aún investiga si cobró comisiones por la celebración de partidos
de la selección o desvió fondos a empresas vinculadas con la trama, alguna con
participación de su hijo, entre otras cuestiones. Pero su sombra en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas aún es alargada, ya que mantiene su cargo como
presidente de la Fundación de la RFEF.
Este lunes, Villar recurrió ante el Contencioso
Administrativo su suspensión alegando que el CSD no ha castigado de la misma
forma a cinco presidentes territoriales (Valencia, Ceuta, Melilla, Rioja y
Murcia) relacionados con el caso Soule por falta de información. Y Villar se
siente discriminado. A pesar de todo, sigue siendo el presidente (aunque
suspendido) porque no ha dimitido y no han pasado seis meses desde su última
elección (22 de mayo), cuando se abre el plazo para la presentación de mociones
de censura, plazo al que Luis Rubiales (presidente de la AFE) está muy atento.
Villar acude de forma habitual a la Ciudad del Fútbol, tal y
como confirman fuentes de la Federación. Y lo cierto es que tiene motivos
profesionales para ello, ya que a día de hoy continúa siendo presidente de la
Fundación. “Sí, entiendo que sigue siendo el presidente. A mi no me han
anunciado lo contrario”, aseguran en los despachos de la Fundación. Y lo
corrobora el registro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).
La Fundación se encarga, entre otras muchas cosas, de cobrar
135 euros por el alquiler de cada uno de los cinco campos de la Ciudad del
Fútbol; dirigir la Escuela de Fútbol en la que hay matriculados unos 800 niños
menores de 13 años que pagan entre 500 y 600 euros; gestionar los campus de
verano; y organizar cursos de formación, como el de Gestión Deportiva, con un
precio de 2.500 euros y al que acuden unos 50 alumnos. Y todo esto sigue
estando bajo el control de Villar.
El motivo de su continuidad al frente de la Fundación es
sencillo. Se trata de una “entidad privada sin ánimo de lucro” pese a que
pertenece al ámbito estatal. “La administración pública solo supervisa la
actuación de las fundaciones a través de los protectorados, que son los órganos
competentes, pero no es un cargo público”, aseguran en la AEF. La Fundación de
la RFEF está registrada en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Protectorado Único de Fundaciones Estatales).
Pero independientemente de que existan órganos reguladores,
para destituir al presidente es necesario el acuerdo entre las personas que
forman el patronato de la Fundación. En el caso de la Federación, al presidente
Villar le rodea su círculo más cercano. Juan Padrón Morales (vicepresidente)
Jorge Pérez Arias (secretario) y Juan Luis Larrea Sarobe (Tesorero), el
presidente de la RFEF en funciones. Los dos primeros están imputados en el caso
Soule, mientras que el tercero fue llamado a declarar. Ellos son quien tienen
la potestad de moverle la silla, pero nada indica que vayan a hacerlo.
Según la AEF, el presidente y el patronato también pueden
"cesar en el ejercicio de sus funciones por inhabilitación o
incompatibilidad; [...]; falta de diligencia en el ejercicio de sus
atribuciones declarada en resolución judicial”. Algo que no ha ocurrido en la
Fundacion de la RFEF hasta la fecha.
Puestos en contacto con el CSD, interpretan que "el
presidente de la Fundación es el de la RFEF, por estatutos. Por lo tanto al
estar suspendido de la RFEF también lo está de la Fundación". Sin embargo,
juristas legales expertos en derecho deportivo niegan esta versión. Tal y como
reza el artículo 21 de los estatutos
aprobados en 2016 por unanimidad, la Fundación no forma parte de los
organismos de la RFEF, por lo que Villar no fue suspendido de forma automática
del cargo que ostenta desde 2004.
La Fundación es un órgano importante dentro de la Federación
desde que fuera creada en 2004 “para promover los principales valores así como
para desarrollar los fines de carácter deportivo y solidarios", tal y como
detallan en la web. Así, es el organismo que gestiona los ingresos que recibe
la RFEF por "actividades deportivas nacionales e internacionales
(campus-escuela), por formación o actividad social y de cooperación".
Pero lo más importante es que la Fundación nació “con fines,
claros y diferenciados”, entre ellos, “gestionar y explotar la Ciudad del
Fútbol”. Es decir, que las instalaciones donde entrena y se aloja la selección
española durante las concentraciones las explota económicamente la fundación
que preside Ángel María Villar.
“Nos encargamos de todo lo que conlleva el mantenimiento,
conservación y cualquier tipo de medida que suponga mantener la Ciudad el
Fútbol de Las Rozas, tanto el campo como las instalaciones”, aseguran desde la
Fundación.
En el auto del juez de Pedraz aparece en varias ocasiones el
nombre de la Fundación, ya que Villar "creó un entramado que ha permitido
la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones
(Fundación, RFEF y MUPRESFE) a sociedades vinculadas, estableciendo asimismo un
clientelismo tanto en la contratación del personal".
Según el auto, Jorge Pérez "en el período 2013-2016,
datos de la AEAT, ha sido perceptor de retribuciones dinerarias, de la RFEF y
su fundación, por valor total de 106.010,66 €". Además, el hijo de Vicente
Bernard Vico (Estudio 2000), "recibió 106.010,66€" por "la
amistad que une a Juan Padrón y a su padre" y pasó a ser "el único
monitor de la escuela de fútbol de la Fundación de la RFEF que ha entrado fijo,
pese a ser el último o uno de los últimos que ha entrado en la misma".
Y la Fundación
también aparece en irregularidades cometidas en el 'caso Haití', en un proyecto
de tecnificación internacional, otro de capacitación para gestores en América y
un cuarto para escuela de fútbol en África e Iberoamérica.
El CSD subvencionó en 2010 estos proyectos con 1,2 millones
de euros a través de la Fundación, pero estas cantidades no llegaron a sus
destinos y la RFEF no pudo justificarlo. En 2012 el órgano gubernamental pidió
a la Federación las facturas y en 2016 inició expediente de reintegro. A
principios de este año 2017, la RFEF devolvió la cantidad reclamada junto a los
intereses.
Poco más datos hay sobre la Fundación de la RFEF, ya que
Villar y los suyos rechazan desde 2012 todas las ayudas públicas y subvenciones
para no someterse a las exigencias de la Ley de Transparencia y no presentan
las cuentas anuales.
